La pensión de jubilación es una de las ayudas más importantes para los ciudadanos. Una medida que está dirigida para todos aquellas personas que ya han dejado de trabajar. Sin embargo, la gestión de esta ayuda siempre genera mucha controversia, debido a que los cambios suelen ser constantes.
Hace unos días, el colectivo ASJUBI40, que agrupa a jubilados con más de 40 años cotizados, alzó la voz para poner fin a lo que consideran una penalización injusta en sus prestaciones. Uno de los jubilados más críticos con la situación fue Arcadio Barrera, quien denuncia que sigue sufriendo una reducción en su pensión pese a haber superado ampliamente el periodo de cotización exigido.
Con más de 44 años cotizados, el jubilado expresó que "recientemente hemos escuchado a la ministra anunciar la posibilidad de aprobar medidas sociales sin necesidad de pasar por la Cámara".
Desde su punto de vista, si el Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, considera implementar procesos rápidos para ciertos asuntos, la situación de quienes han aportado durante más de cuarenta años debería ser una de las prioridades. "Si existe una vía rápida para cuestiones sociales, nuestra solución debe estar contemplada ahí", advirtió.
El jubilado recordó que desde el propio Ejecutivo se expuso que existen asuntos que no pueden esperar la deliberación parlamentaria ordinaria: "Ministra, usted misma ha afirmado que hay asuntos que no pueden esperar a la deliberación del Congreso. La justicia para quienes hemos cotizado más de 40 años representa precisamente uno de estos temas urgentes".
Asimismo, Barrera quiso dejar claro que el respaldo político ya quedó patente en anteriores votaciones: "Ya no resulta necesario testar la opinión del Congreso. En noviembre la respuesta fue clara y afirmativa. La mayoría social y parlamentaria respalda nuestra reivindicación".
"No queremos escuchar más sobre trámites y sobre esperas interminables, debido a que no se trata de una cuestión de tiempo, sino de una decisión y compromiso", compartió.
No dudó en decir que el Gobierno dispone de instrumentos legales suficientes para actuar de oficio cuando se trata de proteger derechos sociales, a lo que recordó que "no somos una moneda de cambio en el debate político. Somos ciudadanos con derechos".